San Raymundo Jalpan, Oax. a 24 de noviembre de 2022.- Al considerar que es indispensable que el Estado garantice a través de los órganos competentes un proceso justo y eficaz que responda a principios de celeridad, razonabilidad y garantía de derechos humanos; la diputada local Lizett Arroyo Rodríguez presentó el Proyecto de Decreto que propone incorporar dentro de los mecanismos, medidas y procedimientos en la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, el principio de debido proceso y deber de investigación a efecto de que sea aplicado para garantizar una reparación integral a las víctimas.
“Nos encontramos ante la obligación del estado de investigar y sancionar a los servidores públicos que comentan una violación a los derechos humanos, en consecuencia, se plantea incorporar dentro de los mecanismos, medidas y procedimientos en la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, el principio de debido proceso y deber de investigación”, refirió.
La legisladora morenista, indicó que se busca adicionar la Fracción V, recorriendo en su orden las subsecuentes a la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, ya que, una demanda latente de los defensores de derechos humanos es establecer mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y atención para el debido acceso a la justicia y reparación integral del daño.
“De acuerdo a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha resaltado la debilidad de las instituciones principalmente de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, en reiteradas ocasiones se han denunciado violaciones graves a los derechos humanos, derivado de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas donde en muchas ocasiones se veían involucrados servidores públicos del Estado Mexicano, incrementando la falta de credibilidad de las instituciones ante la sociedad”, enfatizó.
Finalmente Liz Arroyo, subrayó que, el debido proceso busca establecer la legalidad a través de la aplicación de las leyes, garantizando la dignidad humana dentro de cualquier tipo de procedimiento jurídico, en donde a través de reglas establecidas den como resultado que el acto de autoridad se encuentre apegado al marco jurídico aplicable al caso concreto, siendo indispensable un equilibrio entre el Estado y la ciudadanía, con garantías procesales para evitar cualquier tipo de arbitrariedad.
