Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 6 de mayo de 2025. — Con una manifestación en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 y el bloqueo de vialidades, habitantes de San Pablo Villa de Mitla alzaron la voz contra una presunta red de corrupción agraria que, aseguran, ha operado con total impunidad en la región.
Irving Uriel Hernández Sosa, hijo de uno de los afectados, denunció públicamente que personajes como Cirilo y Pepe Juárez Antonio encabezan el cartel del despojo, en complicidad con el Comisariado de Bienes Comunales, el Tribunal Agrario y hasta la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que ha ignorado denuncias sobre firmas y documentos falsos presentados en expedientes.
Uno de los casos emblemáticos es el del señor Efraín Hernández García, despojado de su terreno “El Macahuite”, pese a contar con escrituras y documentos que acreditan más de 50 años de legítima posesión. En 2021, su propio hermano, Adolfo Hernández García, presentó un acta de posesión basada en documentos falsos, y el Comisariado de Bienes Comunales de Mitla legitimó el proceso mediante una supuesta compraventa apócrifa.
“El juicio agrario avanzó con irregularidades alarmantes: fue desestimado, reabierto y finalmente resuelto en contra de mi padre sin permitirle ejercer su derecho a defenderse”, declaró Irving Hernández. El predio fue tomado por la fuerza pública el pasado 30 de abril a las 11:00 a.m.
El conflicto, explican los manifestantes, no es aislado. Se repite un patrón de despojo legalizado que favorece a un pequeño grupo de comuneros, incluyendo a los hermanos Juárez Antonio y Rogelio Quero, quienes se beneficiarían de este modelo excluyente de control territorial, violentando derechos de personas con títulos legales de propiedad.
Agravando la situación, Efraín Hernández fue víctima de una agresión con arma blanca en 2024, lo que refleja el nivel de violencia que acompaña este conflicto agrario.
Ante este panorama, los habitantes de Mitla exigen:
La anulación del juicio agrario que despojó a Efraín Hernández García y el respeto inmediato a su legítima posesión.
Una auditoría federal al Comisariado de Bienes Comunales de Mitla.
La intervención de la Procuraduría Agraria y la SEDATU.
Sanciones penales por la simulación de procedimientos y uso de documentos falsos.
La atención urgente de la CNDH y organismos internacionales.
La intervención inmediata del Gobernador Salomón Jara Cruz y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para detener esta red de corrupción y restablecer el Estado de Derecho.
“El pueblo de Mitla está siendo despojado de su tierra a través de procedimientos fraudulentos y complicidades institucionales. La justicia agraria debe estar del lado del pueblo, no de quienes manipulan el sistema para apropiarse de lo ajeno”, concluyeron los manifestantes.
