• Presenta iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, que regulan su operación y sanción hasta con penas de 15 años de cárcel
Para robustecer la regulación con que operan en México los centros de tratamiento de adicciones privados, el senador Antonino Morales Toledo presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud para evitar que se ingrese a personas sin su voluntad, la presencia de menores o hasta casos de tortura que han sido documentados por organismos nacionales e internacionales como la ONU, entre otras medidas.
El legislador integrante de la Comisión de Derechos Humanos propuso que, por primera vez, haya sanciones penales de hasta 15 años de prisión, para quien opere establecimientos de tratamiento de adicciones sin autorización sanitaria, o cuando se ponga en riesgo la vida, integridad o libertad de las personas.
Además, se propone que las penas se aumentarán hasta en una mitad cuando se ejerzan actos de violencia física o psicológica y cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. Habrá sanciones disuasivas, preventivas y administrativas para los centros de internamiento, como la clausura temporal o definitiva, parcial o total, así como el pago de multas superiores a los 700 mil pesos.
Se trata, afirmó Nino Morales, de fortalecer el marco normativo aplicable a los centros de tratamiento de adicciones sociales y privados, asegurando que su funcionamiento se ajuste a estándares de derechos humanos y que existan consecuencias jurídicas claras frente a conductas que lesionen bienes jurídicos fundamentales como la libertad, la integridad o la vida, toda vez que hoy no hay sanción penal.
Se obliga a la autoridad sanitaria a una supervisión periódica y mecanismos de protección de derechos humanos. Se prohíben esquemas de aislamiento, incomunicación o retención injustificada, el internamiento será voluntario, con consentimiento libre e informado, por tiempo estrictamente necesario, con derecho a comunicación, a recibir visitas y a presentar quejas ante las autoridades competentes.
Morales Toledo mencionó que diversos estudios concluyen que en México. pese a haber un marco jurídico y legal sólido, hay impunidad y un grave riesgo de malos tratos y tortura.
La misma CONADIC cuenta con un Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales donde reconoce que están dados de alta 248 establecimientos, sin embargo, un gran número opera de forma irregular, lo que complica supervisarlos y monitorear su actividad por parte de las instituciones del Estado.
Además, se han confirmado entornos torturantes, es decir, condiciones que pueden configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme a los estándares constitucionales e internacionales.
Por ello, se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención y tratamiento de adicciones, para atender una problemática estructural que durante años ha afectado a miles de personas en el país, así como armonizar la política de salud pública con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
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