• La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad permite reabrir investigación para impedir la evasión de los responsables, tanto de los hechos como de la alteración de las conclusiones
En el marco del 30 aniversario de la masacre de Aguas Blancas, el senador Antonino Morales Toledo propuso que la Comisión Permanente solicite a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe sobre el cumplimiento de las sentencias de ese caso y las de Acteal, pues persisten las dudas sobre la investigación y la sanción de todos los involucrados, y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad abre la puerta a reabrir los archivos.
El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Antonino Morales Toledo, expuso que este informe también debe esclarecer la responsabilidad de Ernesto Zedillo Ponce de León, titular del Ejecutivo federal de 1994 a 2000 y mando superior de quien dirigió la entonces Procuraduría General de la República, en la alteración de los resultados de la investigación del caso Aguas Blancas.
Sobre dicho evento ocurrido en 1995, donde fueron emboscados 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y se acreditó al menos una ejecución sumaria, apenas en junio del año pasado la CNDH estableció que “hasta fecha (sic), sólo están detenidos por este crimen algunos policías y mandos medios”.
Al citar el “Calendario cívico escolar y algunas fechas olvidadas”, la CNDH dice que la justicia no ha alcanzado a quienes dieron las ordenes desde el gobierno, porque el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa era compadre del presidente Ernesto Zedillo, de quien se presume que lo encubrió.
En ese sentido Nino Morales mencionó que los pobladores de Aguas Blancas mantienen sus exigencias de justicia para los asesinatos de dirigentes por cuestiones políticas.
Por lo que toca a la masacre de Acteal, el legislador zapoteco recordó que en 2009 la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), concluyó que no hubo una adecuada investigación del caso por parte del gobierno de la República, que encabezaba Zedillo, y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitió la liberación de veinte de los sentenciados.
El entonces representante en México de la Alta Comisionada de ONU-DH, Alberto Brunori, recomendó una investigación minuciosa, independiente e imparcial para esclarecer la muerte de 45 indígenas en 1997 en Acteal, Chiapas, al gobierno de Felipe Calderón, pero no se atendió.
“La masacre de Acteal en 1997 fue calificada también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de entonces, como una grave violación a los derechos humanos por parte del Estado mexicano y hoy en día las familias siguen pidiendo se resarzan sus demandas. Hubo claramente un crimen de lesa humanidad que no puede prescribir”, anotó.
“Por ello es importante que acompañemos no solo la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum de que estos hechos históricos no mueran en la memoria colectiva y los jóvenes sepan qué sucedió en los gobiernos de la derecha, sino que también se haga justicia en caso de que sigan libres los asesinos y autores intelectuales de estas masacres”, puntualizó el senador Morales Toledo.
