En entrevista con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Heliodoro Díaz, se aborda la reforma judicial aprobada en Oaxaca. Con 30 votos a favor y dos en contra, el Congreso estatal avaló una serie de modificaciones impulsadas por el gobernador Salomón Jara Cruz que, lejos de fortalecer la justicia, han encendido las alarmas en diversos sectores.
“Es una reforma que atenta contra la independencia del Poder Judicial”, señala Díaz con preocupación. “Se trata de un intento descarado por someter la impartición de justicia a los intereses del partido en el poder, lo que nos coloca en un escenario de enorme riesgo institucional”.
Para Díaz, el mayor peligro radica en la politización del sistema judicial con la elección popular de jueces y magistrados. “La justicia no se debe decidir en las urnas, sino en los tribunales con base en el derecho y la capacidad de los jueces. Convertirlos en candidatos electorales solo generará jueces con lealtades políticas y no con vocación de impartir justicia”, advierte.
La reforma también contempla una reducción del número de magistrados, de 28 a 16, y la remoción total del Tribunal Superior de Justicia en 2027. “Esta medida es una clara estrategia para llenar el tribunal con perfiles afines al gobierno, eliminando cualquier contrapeso real”, sentencia el priista.
Otro punto que Heliodoro Díaz destaca como preocupante es la desaparición del Consejo de la Judicatura. “Este órgano tenía la función de supervisar la disciplina y administración de los jueces. Ahora, la nueva estructura estará controlada por el Ejecutivo y el Legislativo, lo que deja al Poder Judicial sin autonomía real”.
En un estado con una fuerte presencia de comunidades indígenas, la eliminación de la Sala de Justicia Indígena representa un golpe devastador. “Es un atentado contra el derecho de los pueblos originarios a acceder a un sistema judicial que entienda sus usos y costumbres. Es una muestra más del centralismo que busca imponer Morena”, critica Díaz.
Finalmente, el delegado del CEN del PRI señala que la reforma limita la permanencia de jueces y magistrados a nueve años, sin posibilidad de jubilación por servicio. “Esto no solo desincentiva la profesionalización, sino que además convierte al Poder Judicial en un espacio de rotación política, en lugar de garantizar la estabilidad y experiencia de los impartidores de justicia”, explica.
Más allá del análisis político, Díaz enfatiza las graves consecuencias para la ciudadanía. “Un Poder Judicial sometido a los intereses del gobierno en turno pone en peligro los derechos de todos. Mujeres víctimas de violencia, campesinos en disputa por tierras y comunidades indígenas quedarán en una situación de vulnerabilidad extrema”.
“El PRI no permitirá que esta reforma avance sin resistencia”, asegura Heliodoro Díaz. “Es momento de que los ciudadanos, las organizaciones civiles y los especialistas en derecho alcen la voz. La independencia del Poder Judicial es un pilar de la democracia, y no podemos permitir que sea entregada como un botín político”.
Con este posicionamiento, el PRI busca encabezar la oposición a la reforma y generar un debate nacional sobre los riesgos que implica para Oaxaca y para el país en su conjunto. “No se trata solo de una reforma local. Es una advertencia de lo que Morena pretende hacer en todo México. Y no lo vamos a permitir”, concluye el delegado priista.”
