Han transcurrido más de dos años desde que Florencia y Daniela, madre e hija, mujeres indígenas de la etnia triqui, fueron brutalmente agredidas por un policía en funciones del municipio de Putla de Guerrero, sin que hasta la fecha se les garantice el acceso pleno a la justicia.
De acuerdo con las constancias judiciales, los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2023, aproximadamente a las 17:00 horas, cuando ambas mujeres se encontraban afuera de las oficinas del Ministerio Público de Putla de Guerrero con la intención de presentar una denuncia. Sin mediar palabra, fueron atacadas de manera criminal y salvaje con un cuchillo por Julián Franco Mendoza Pérez, quien además las amenazó de muerte.
Gracias a la intervención de las personas que se encontraban en el lugar, se evitó que fueran privadas de la vida. Posteriormente, Florencia y Daniela fueron trasladadas a la clínica de 30 camas de Putla de Guerrero, donde, gracias a la oportuna atención médica, lograron sobrevivir.
A pesar de la gravedad del ataque, de las pruebas existentes y de que el caso conmocionó a la comunidad putleca, a los pocos días el agresor fue puesto en libertad. Desde entonces, las víctimas han enfrentado un verdadero calvario en su búsqueda de justicia. Aunque se trata de un delito de tentativa de feminicidio, en un primer juicio, a cargo del juez Carlos Santos Ferrer, el agresor únicamente fue condenado por el delito de lesiones simples. Debido a las múltiples irregularidades del proceso, dicha sentencia fue posteriormente revocada por una Sala Penal.
Se tenía previsto un nuevo juicio para el 22 de enero del presente año, bajo la responsabilidad del juez Erasto Cruz García. Las víctimas fueron citadas; sin embargo, personal del Juzgado Penal de Putla de Guerrero les notificó que la audiencia sería cancelada por falta de conexión a internet y por la ausencia de intérpretes, lo que evidencia el trato discriminatorio y revictimizante hacia las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.
A través de su cuenta oficial, la defensora de derechos humanos María Guadalupe Pacheco, dirigente del Centro de Defensa de los Derechos de la Mujer (CEDEM), denunció públicamente graves irregularidades en el proceso judicial. Señaló que la causa penal está siendo conocida por un juez presuntamente cercano a un familiar del agresor, situación que —de acuerdo con lo que es del dominio público— ha favorecido la impunidad y la negación del derecho a la justicia para Florencia y Daniela.
